Delia Secilia Somoza Talavera
Licenciada en Derecho
https://orcid.org/0009-0006-7900-0661
Universidad Martín Lutero
Resumen
El presente estudio analiza los factores que influyen en la retardación de justicia debido a la no judicialización de causas penales por el Ministerio Público de Nueva Guinea durante el primer semestre del 2024. Se adopta un enfoque mixto, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos para recopilar información a través de encuestas y entrevistas aplicadas a ciudadanos afectados.
Los resultados muestran que la falta de fiscales, el exceso de carga procesal y la limitada accesibilidad a la información son factores clave que afectan la celeridad de los procesos judiciales. Las mujeres tienen una mayor incidencia de casos que requieren intervención. Además, los ciudadanos que presentaron denuncias dieron seguimiento a sus casos, pero solo un 53 % calificó la gestión del Ministerio Público como buena o muy buena.
El análisis de entrevistas reveló que la mayoría de los casos denunciados estaban relacionados con delitos patrimoniales y de violencia de género. Los encuestados destacaron la falta de recursos humanos y tecnológicos como obstáculos en la gestión de los procesos judiciales.
Se concluye que la mejora en la eficiencia judicial requiere una mayor asignación de recursos y una mejor coordinación entre instituciones. Se recomienda fortalecer el personal fiscal y digitalizar los procesos administrativos para reducir los tiempos de respuesta y garantizar un acceso más equitativo a la justicia en Nueva Guinea.
Palabras clave: Retardación de justicia, Ministerio Público, judicialización, administración de justicia, sistema penal.
Factors that influence the delay in justice due to the failure of the Public Prosecutor’s Office to prosecute criminal cases in Nueva Guinea, RACCS.
Abstract
This study analyzes the factors influencing the delay in justice due to the failure of the Public Prosecutor’s Office of Nueva Guinea to prosecute criminal cases during the first half of 2024. A mixed approach is adopted, using quantitative and qualitative methods to collect information through surveys and interviews with affected citizens.
The results show that a lack of prosecutors, excessive caseload, and limited accessibility to information are key factors affecting the speed of judicial processes. Women have a higher incidence of cases requiring intervention. Furthermore, citizens who filed complaints followed up on their cases, but only 53% rated the Public Prosecutor’s Office’s management as good or very good.
The analysis of interviews revealed that the majority of reported cases were related to property crimes and gender-based violence. Respondents highlighted a lack of human and technological resources as obstacles to the management of judicial processes.
The conclusion is that improving judicial efficiency requires greater allocation of resources and better coordination between institutions. It is recommended to strengthen prosecutorial staff and digitize administrative processes to reduce response times and ensure more equitable access to justice in Nueva Guinea.
Key Words: Delayed justice, Public Prosecutor’s Office, judicialization, administration of justice, criminal justice system.
1. Introducción
La administración de justicia es un pilar fundamental del Estado de derecho, ya que garantiza la equidad y la seguridad jurídica en una sociedad. Sin embargo, en muchas jurisdicciones, la retardación de justicia se ha convertido en un problema estructural que afecta el derecho de los ciudadanos a una resolución oportuna de sus casos. En el municipio de Nueva Guinea, durante el primer semestre del año 2024, se ha evidenciado un incremento en la percepción de retardación de justicia debido a la no judicialización de causas penales por parte del Ministerio Público, lo que ha generado preocupación en la población y en los actores del sistema judicial.
En muchos países de Latinoamérica este problema es más común de lo que parece. Valdez (2023), manifiesta que en la actualidad se han identificado problemas significativos en la prestación de servicios a los usuarios por parte del ente persecutor del delito, representado por el Ministerio Público. Entre las quejas más frecuentes y urgentes que enfrenta el usuario justiciable, se destacan las demoras en la tramitación de denuncias, la ausencia de notificaciones oportunas, la falta de impulso en los actos de investigación, retrasos en el proveído de escritos y la falta de información sobre el estado actual de la carpeta o expediente fiscal. Estos desafíos requieren soluciones inmediatas para mejorar la eficiencia y la calidad en la atención a los ciudadanos.
Por su parte, Ramírez (2023), asevera que estamos asistiendo a una regulación progresiva de procesos alternativos a la vía judicial, sobre todo del instituto de la mediación, lo que evidencia resultados positivos para la sociedad en general. Es posible que se pueda extender a los delitos de violencia de género, para aquellos supuestos menos graves, y siempre con las debidas garantías. Sin embargo, siempre hay que buscar alternativas, no conformarse con lo estático, sino buscar cómo se pueden mejorar las distintas situaciones que puedan darse entre los miembros de una comunidad. No hay que descartar modelos alternativos a la judicialización de los conflictos, sobre todo, por el carácter voluntario de las partes afectadas por los mismos, de someterse a estos procesos.
Por otro lado, Pineda (2023), establece que un porcentaje alto de la población considera que la corrupción es la principal causa de la retardación de justicia en Bolivia, según la investigación que realizó la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, en sociedad con el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y la Embajada de Suecia en Bolivia.
Por otra parte, Malca y Estrella (2023) consideran que es importante la existencia de la necesidad del Estado de proteger a la sociedad y los bienes jurídicos para la convivencia armónica y por otro el respeto irrestricto de los derechos y garantías individuales reconocidos por la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales y demás leyes de la República dentro de un sistema garantista que limita en demasía el poder punitivo del Estado y así también considerando los factores que ocasionan la existencia de retardación de justicia en las Plataformas ubicadas en el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, se puede establecer que en muchos casos existe la vulneración del derecho de la víctima de obtener justicia en un tiempo oportuno, provocando la inaplicabilidad del Principio de Celeridad Procesal en ambas Plataformas.
Este estudio surge por el compromiso de mejorar procesos que beneficien a la población y garanticen el oportuno derecho a la justicia en el menor tiempo posible, acorde al Plan de gobierno existente en Nicaragua (GRUN, 2021).
2. Metodología investigativa
El estudio adoptó un diseño mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos (Maya, 2014). Conforme a la información obtenida en la Oficina de INFA (Información y Análisis) de la Delegación Policial de Nueva Guinea, y a través de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y la Comisaria de la Mujer la Niñez y Adolescencia (CMNA) se recepcionó un total de 157 denuncias a ciudadanos del casco urbano de Nueva Guinea, los que fueron víctimas de distintos hechos delictivos, de los cuales 118 de esas denuncias fueron puestas a la orden del Ministerio Público de Nueva Guinea, para que fueran analizados y presentados ante el juez competente. De los ciudadanos que fueron víctimas de delitos en el casco urbano de Nueva Guinea y se les remitió su causa al Ministerio Público, se tomaron como muestra 30 ciudadanos, que equivalen a un 25.42 % de la población, mediante la cual se peuda establecer una comprensión clara y de respuestas a los objetivos propuestos. Se aplicaron encuestas estructuradas a esos 30 ciudadanos cuyas denuncias fueron remitidas al Ministerio Público y entrevistas semiestructuradas a operadores del sistema judicial. El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva y análisis temático cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
3. Resultados y discusión
En el análisis descriptivo se puede notar que el 67 % de los ciudadanos encuestados pertenecen al sexo femenino, siendo estas las que demuestran una mayor incidencia e interés de plantear su problema en busca de una respuesta positiva y oportuna, así se puede apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 1. Sexo de los encuestados. Fuente: Encuesta
Se observa que, entre los encuestados un 67% es de género femenino, mientras que el 33% es de género masculino. Existe una mayor proporción de mujeres preocupadas por plantear las distintas manifestaciones de violencia, esto se debe a los roles existentes de los hogares y la vulneración de su integridad y patrimonio.
Imagen 1. Sexo de los encuestados. Fuente: Encuesta.
Así mismo otra de las características que es importante resaltar, es el nivel académico de los encuestados, a través de estos datos podemos notar que un mayor número de personas encuestadas poseen un bajo nivel académico, esto puede incidir negativamente para el seguimiento oportuno de los distintos procesos en las denuncias interpuestas.
Imagen 2. Nivel académico de los encuestados. Fuente: Encuesta.
De las 30 personas encuestadas, el 100% consideraron oportuno interponer una denuncia en la Policía Nacional para buscar una respuesta de parte de las instancias que les corresponde administrar los procesos y procedimientos penales que suscitan de la comisión de un delito.
Imagen 3. Denuncias interpuestas. Fuente: Encuesta
De igual manera el 100% de las personas encuestadas considero interponer su denuncia ante la Policía Nacional del Municipio de Nueva Guinea, tomando en cuenta que es esta entidad pública que se encarga de reunir las pruebas necesarias para que el Ministerio Público presente una posible acusación ante la autoridad judicial competente.
Imagen 4. Conocimiento sobre la ubicación de las oficinas del Ministerio Público, Fuente: Encuesta
El 73% de las personas encuestadas conocen donde se ubican las oficinas del Ministerio Publico en Nueva Guinea, mientras que el 27% no conocen donde están ubicadas las oficinas, esto incide negativamente porque de esta manera los usuarios tienen inconvenientes para poder presentarse a dar seguimientos a sus denuncias.
Imagen 5. Seguimiento a la denuncia. Fuente: Encuesta.
Podemos notar que, de las personas encuestadas, el 90% se han presentado a las oficinas del Ministerio Público para dar seguimiento a su denuncia interpuesta, mientras que el 10% de los encuestados no se han presentado a las oficinas para dar su debido seguimiento a sus causas. Al no dar seguimiento a sus denuncias, esto ralentiza el proceso por la anteposición de las denuncias que se van recibiendo o tienen mayor relevancia.
Los ciudadanos indicaron que la incidencia social y la gestión institucional que ha realizado el Ministerio Público en el Casco urbano de Nueva Guinea durante el I semestre del año 2024, el 53% de los encuestados califican como buena la incidencia y gestión del Ministerio Publico, mientras que el 39% lo califica como muy bueno y el 10% lo califica como deficiente.
El 100% de los ciudadanos entrevistados fueron vítimas de diferentes delitos, entre los que sobre salen los delitos contra el patrimonio como son Robo con fuerza en las cosas, Robo con violencia e Incumplimiento de deberes alimenticios, algunos de los entrevistados manifestaron que “Yo fui vítima de un robo con fuerza en mi casa porque un sujetos que no conocía aprovechó que yo no estaba en mi casa y desprendió la verja de una ventana de mi casa para meterse y me robo una computadora portátil y dinero”. Por otro lado, otra de las personas entrevistadas menciono “yo soy madre de una niña de diez años y estoy separada del papá, pero desde que nos separamos, este se comprometió a darme ayuda económica para manutención de mi hija, pero no ha cumplido, es por eso que lo denuncie por incumplimiento de sus deberes”.
Los ciudadanos entrevistados interpusieron sus denuncias ante la Policía Nacional, puesto que es esta la institución que reúne las pruebas necesarias para que el Ministerio Público pueda presentar una acusación ante el judicial competente. Algunos de los ciudadanos entrevistados mencionaron que “yo puse mi denuncia en la policía de Nueva Guinea porque es bien sabido que primero la policía investiga y el Ministerio Público acusa”.
Es del conocimiento de los ciudadanos encuestados que existen distintos métodos para proceder a interponer una denuncia, sin embargo, el más usual es de forma verbal presentándose a la delegación policial. Ente las opiniones brindadas sobre sale lo siguiente “sé que puedo poner una denuncia de varias formas, verbal, escrita, a través de teléfono o por correo, pero es mejor presentarse a la policía nacional para poner la denuncia de forma verbal, porque de esta manera, de una vez lo orientan a uno como procederán con la denuncia”.
Los ciudadanos entrevistados que se presentaron a la delegación policial de Nueva Guinea para interponer una denuncia fueron atendido con profesionalismo, calidad y calidez, lo que se traduce en una percepción favorable y con acceso a la justicia para los ciudadanos, en los comentarios mencionaron “cuando llegue a poner mi denuncia fui atendida con amabilidad y el oficial investigador que me tomo mi denuncia demostró experiencia en lo que estaba haciendo, además que me oriento donde debía acudir para dar seguimiento a la denuncia que puse”.
Podemos señalar que, aunque es la minoría, existen ciudadanos que interponen sus denuncias y desconocen cual es el procedimiento a tomar para dar seguimiento a la denuncia interpuesta, esto se manifiesta a través del desconocimiento de las normas legales y el amparo que estas brindan a la ciudadanía en los distintos procesos penales que puede acompañar el Ministerio Público. Algunos de los entrevistados manifestaron “cuando puse mi denuncia en la policía nacional, me orientaron que debía presentarme a las oficinas del Ministerio Público para dar seguimiento al proceso y que el fiscal me oriente los pasos a seguir” por otro lado otro comentario refiere “puse mi denuncia en la policía nacional pero después de eso no sabía que debía hacer o donde tení que acudir para dar seguimiento a mi problema, esto me dejo perdida y sin respuesta”.
Una menor parte de los ciudadanos entrevistados desconocen cual es la entidad que lo representara en el proceso de su denuncia ante una autoridad judicial, esto se debe a la falta de información brindada al momento de interponer su denuncia, es por eso que no acuden a la instancia correspondiente y de esta manera las causas se estancan por falta de seguimiento de parte de las víctimas.
Generalmente después de interponer una denuncia, los ciudadanos acuden a la oficinas del Ministerio Público para informarse sobre los avances del proceso, muy pocas veces no reciben la respuesta esperado en torno a su denuncia, por falta de atención personalizada de parte de los fiscales, esto se debe a que solo existen dos ficales auxiliares en el municipio de Nueva Guinea y esto les dificulta la permanencia en la oficina para atender a los ciudadanos que se presentan a solicitar información con relación a sus denuncias.
En las entrevistas mencionan “después que puse mi denuncia en la policía, me presente a las oficinas del Ministerio Público, pero me dijeron que la fiscal que está atendiendo mi caso estaba fuera de las oficinas porque tenía que estar en los juzgados, fui atendida por una asistente, pero no quede clara con los avances del proceso de mi denuncia”. Cuando las personas se presentan a las oficinas del Ministerio Público y logran ser atendido por el fiscal que lleva su caso, estos reciben una respuesta clara del proceso y los avances de su denuncia.
El 73% de las personas entrevistadas consideran que en el Municipio de Nueva Guinea hay retardación de justicia de parte del Ministerio Público, esto se debe a diversos factores de los cueles, los mismos ciudadanos han podido identificar. Con relación a la atención brindada, es deficiente debido a la falta de recursos humanos (fiscales) porque al existir solo dos, la carga laboral es alta, es por eso que no pueden brindar una atención de calidad a los usuarios.
De igual forma, el Ministerio Público no cuenta con oficinas propias y deben alquilar, esto implica que cada cierto tiempo deben cambiar de oficinas y de dirección, esta situación causa desorientación en los usuarios y en ocasiones se les dificulta saber dónde están ubicadas las oficinas del Ministerio Público. Los ciudadanos entrevistados no consideran que en las oficinas del Ministerio Público se niegue el derecho al acceso a la justicia, ya que a medida de las posibilidades se les ha dado una respuesta a las causas atendidas. No consideran que haya casos que queden sin respuesta, aunque existen militancias en el Ministerio Público, siempre brindan una respuesta.
Los ciudadanos consideran que las normas jurídicas existentes cuentan con un buen alcance jurídico para tutelar los derechos de las diferentes vítimas de hechos delictivos, así como también regulan a las instancias que deben velar por una buena administración de justicia. Un 51% de los ciudadanos entrevistados consideran que la tención brandad por el Ministerio Público de Nueva Guinea es buena, tomando en cuenta los distintos factores que limitan la buena atención y que deben mejorar. Los entrevistados consideran que deberían gestionar a través del gobierno unas instalaciones propias del Ministerio Público, así como también incrementar los recursos humanos para que la carga laboral sea menor y pueda haber una buena atención a la comunidad.
4. Conclusiones
Existen distintas normas que rigen el funcionamiento del Ministerio Público como una dependencia estatal que está al servicio de la sociedad. Una correcta aplicación de las normas existentes facilita una relación positiva usuario-funcionario, esto a su vez fomenta un grado de confianza satisfactorio hacia los servicios brindados.
Tras analizar las opiniones de los usuarios del Ministerio Publico de Nueva Guinea, se ha logrado comprender que la falta de orientación al usuario, dificulta el seguimiento del proceso ante las instancias correspondientes, eso implica un abandono parcial o total de proceso y que a su vez se traduce en retardación de justicia. La falta de orientación al usuario, implica un desconocimiento de las normas que rigen al Ministerio Público para una correcta evacuación de las causas recepcionadas.
Existe una aprobación del 53% de los usuarios del Ministerio Público de Nueva Guinea que califican como buena la gestión, mientras que el 39% lo califica como muy bueno y el 10% lo califica como deficiente, esto implica que hay que mejorar la atención y gestión brindada a los usuarios. Al estudiar los planteamientos de parte de los usuarios del Ministerio Público, se ha logrado una clara comprensión de la falta de gestión existente en el Ministerio Público, lo que servirá como punto de partida para abordar eficazmente la resolución de casos pendientes. La clasificación de los expedientes retrasados por el Ministerio Público según su estado procesal representa un paso crucial hacia la gestión eficiente de los casos, permitiendo una asignación adecuada de recursos y una toma de decisiones informada sobre su tramitación o judicialización correspondiente.
El factor en la falta de una infraestructura propia de la institución contribuye en la retardación de justicia producto de la no judicialización de casusas penales de parte del Ministerio Publico de Nueva Guinea, ya que esto incide en que los usuarios no acudan a la instancia para dar el seguimiento necesario a su denuncia para una correcta evacuación. El factor en la falta de nombramientos de nuevos fiscales auxiliares, incide en retardación de justicia porque esto causa que, al existir una carga laboral excesiva en los dos fiscales existentes, retrase la correcta y oportuna a tención a los expedientes decepcionados para su judicialización.
Existe una relación moderada entre el rol social de la tramitación de casos y denuncias por parte del Ministerio Publico de Nueva Guinea y la satisfacción del usuario; de modo que, se puede afirmar que, a mayor primacía del rol social y el servicio público en la tramitación de casos, mayor será también la satisfacción del usuario del Ministerio Público de Nueva Guinea.
Se recomienda un aumento del personal fiscal y capacitación continua para optimizar los procesos judiciales, implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión y el seguimiento de los casos, creación de campañas de información para educar a la población sobre los procedimientos judiciales, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para agilizar la tramitación de denuncias; y una evaluación y reforma de las políticas internas del Ministerio Público para reducir la burocracia.
5. Agradecimientos
Se agradece el papel desarrollado por los estudiantes de la REDI-UML y su vinculación directa con este estudio. Juan Carlos Rizo, Dulce María Arguello Chamorro y Magally Lisbeth Betanco Báez de la carrera de Derecho, muchas gracias por todo su apoyo.
6. Referencias bibliográficas
GRUN. (19 de 07 de 2021). Plan Nacional de lucha contra la pobreza 2022-2026. Managua.
Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. Mexico: McGraw-Hill.
Malca, L., & Estrella, C. (2023). Eficacia de la persecución penal en la investigación preparatoria del delito de fraude informático, Callao, 2022. Lima.
Maya, E. (2014). Metodos y Tecnicas de Investigación. Coyoacan: Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
Pineda Paz, A. (2023). Analisis y clasificación de la mora en los juzgados de letra en materia penal de la sección de Tegucigalpa. Tegucigalpa.
Ramírez, E., & Sanchez, A. (2023). La falta leve de los servidores de la función judicial y el retardo injustificado en el despacho de las causas, en la Provincia de Santa Elena. La Libertad.
Valdez, J. (2023). La gestión de tramitación de casos-denuncias y la satisfacción del usuario de una fiscalía de Lima Centro, 2023. Lima, Perú.