MSc. Claudia Yanina Fernández Rivas
Máster en Administración de la Educación Superior con énfasis en Currículo
prof.cfernandezr0601@uml.edu.ni
ORCID: 0009-0004-1090-1934
Lic. Juan Gabriel Campos Vargas
Licenciado en Derecho
prof.cjugav0601@uml.edu.ni
ORCID: 0009-0003-4081-8536
Docentes investigadores de UML sede El Rama
Resumen
La presente investigación analizó las condiciones de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el barrio Francisco Matamoros de La Esperanza, en el período comprendido de julio a septiembre de 2025. Se evaluó los mecanismos institucionales y comunitarios que incidieron en la atención y protección de las mujeres afectadas. El estudio se desarrolló desde el paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo, nivel y diseño transversal. Se empleó el método inductivo para comprender el fenómeno a partir de las experiencias particulares de las participantes. La población estuvo conformada por mujeres víctimas de violencia intrafamiliar residentes en la localidad, seleccionándose una muestra por conveniencia mediante un muestreo no probabilístico. La técnica utilizada para la recolección de información fue la entrevista semiestructurada.
Los resultados evidenciaron la existencia de múltiples barreras sociales, culturales, legales e institucionales que dificultaron el acceso efectivo a la justicia. Se identificó la influencia de creencias familiares y religiosas que promovían la permanencia en relaciones violentas, el temor a represalias por parte de los agresores, el desconocimiento de los procedimientos legales y la percepción de discriminación hacia mujeres procedentes de zonas rurales. Además, se constató la limitada presencia institucional en la comunidad y deficiencias en el seguimiento de los casos denunciados.
Se concluyó que el acceso a la justicia continúa siendo un desafío para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, por lo que resulta necesario fortalecer la coordinación interinstitucional, ampliar la cobertura de los servicios de protección, promover la educación jurídica comunitaria y garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
Palabras clave: Acceso, víctimas, violencia, justicia.
ACCESS TO JUSTICE FOR WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE, PUERTO LA ESPERANZA, EL RAMA, RACCS.
Abstract
This research analyzed the conditions of access to justice for women victims of domestic violence in the Francisco Matamoros neighborhood of La Esperanza, from July to September 2025. The institutional and community mechanisms that influenced the care and protection of affected women were evaluated. The study was developed from an interpretive paradigm, with a qualitative approach and a cross-sectional design. The inductive method was used to understand the phenomenon based on the participants’ individual experiences. The population consisted of women victims of domestic violence residing in the area, and a convenience sample was selected using non-probability sampling. The data collection technique was semi-structured interviews.
The results revealed the existence of multiple social, cultural, legal, and institutional barriers that hindered effective access to justice. The study identified the influence of family and religious beliefs that encouraged women to remain in abusive relationships, fear of retaliation from abusers, lack of knowledge of legal procedures, and the perception of discrimination against women from rural areas. Furthermore, it noted the limited institutional presence in the community and deficiencies in the follow-up of reported cases.
It was concluded that access to justice remains a challenge for women victims of domestic violence. Therefore, it is necessary to strengthen inter-institutional coordination, expand the coverage of protection services, promote community-based legal education, and guarantee comprehensive, timely, and humane care.
Key Words: Access, victims, violence, justice
1. Introducción
La violencia intrafamiliar constituye una de las principales problemáticas sociales y de derechos humanos a nivel mundial, debido a las graves consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas que genera en las personas afectadas, particularmente en las mujeres. Diversos estudios han demostrado que este fenómeno trasciende el ámbito privado y se convierte en un problema público que limita el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia, la seguridad y una vida libre de violencia. En América Latina, a pesar de los avances legislativos orientados a la protección de las víctimas, persisten importantes desafíos relacionados con la atención integral, la denuncia oportuna y la aplicación efectiva de medidas de protección (Organización Mundial de la Salud, 2021).
En Nicaragua se han impulsado normativas, políticas públicas y mecanismos institucionales dirigidos a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en muchos territorios rurales y comunidades alejadas de los centros urbanos continúan existiendo limitaciones que dificultan el acceso efectivo a la justicia. Factores como el desconocimiento de los derechos, la dependencia económica, el temor a represalias, la influencia de patrones socioculturales tradicionales, la escasa presencia institucional y la desconfianza hacia las autoridades contribuyen a que numerosas situaciones de violencia permanezcan en silencio y sin atención adecuada (Organización Mundial de la Salud, 2021).
Esta realidad se evidencia en el barrio Francisco Matamoros de la comunidad La Esperanza, jurisdicción de El Rama, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), donde las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar enfrentan múltiples barreras para denunciar los hechos y acceder a mecanismos de protección. A pesar de la existencia de instituciones responsables de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley, las condiciones geográficas, sociales y culturales del territorio influyen significativamente en la búsqueda de apoyo y en la continuidad de los procesos judiciales.
Desde una perspectiva teórica (Organización de los Estados Americanos, 2007), el acceso a la justicia es concebido como un derecho fundamental que permite a las personas acudir a las instituciones competentes para reclamar la protección de sus derechos y obtener una respuesta efectiva frente a situaciones de vulneración. En el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, este derecho implica no solo la posibilidad de denunciar, sino también recibir atención integral, acompañamiento psicológico, asesoría legal, medidas de protección y garantías de no repetición. No obstante, cuando existen obstáculos institucionales, sociales o culturales, el ejercicio de este derecho se ve limitado, incrementando las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.
En este contexto, surgió la necesidad de responder a la siguiente interrogante de investigación: ¿De qué manera las barreras institucionales, sociales y culturales afectan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el barrio Francisco Matamoros de la comunidad La Esperanza? Para dar respuesta a esta problemática, la investigación tuvo como objetivo analizar las condiciones de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y evaluar los mecanismos institucionales y comunitarios que incidieron en su atención y protección durante el período de julio a septiembre de 2025. Asimismo, se identificaron las principales barreras que limitaban el acceso a la justicia, se describieron los procedimientos seguidos por las instituciones locales, se exploró la percepción de las mujeres sobre la eficacia de las instancias judiciales y policiales, y se formularon recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la protección integral de las víctimas.
La importancia de este estudio radicó en que permitió comprender las experiencias y necesidades de las mujeres afectadas desde su propio contexto social y territorial, aportando información relevante para el fortalecimiento de las acciones institucionales y comunitarias destinadas a garantizar una atención más accesible, efectiva y humanizada. De igual manera, los resultados constituyen un aporte para la formulación de estrategias de prevención, acompañamiento y protección que contribuyan a la construcción de entornos más seguros y al respeto de los derechos de las mujeres en comunidades rurales.
En el estudio titulado, Caracterización de la violencia física familiar y el feminicidio; desde la perspectiva de los abogados de la defensa pública sede La Esperanza – Trujillo. 2025. Este aporta una investigación que se caracteriza con erradicar la violencia contra la mujer cuyo objetivo fue determinar la Caracterización de la Violencia Física Familiar y el Feminicidio (Urbina, 2025). Los resultados revelan que: se determinó las características de la violencia física familiar y el feminicidio; desde la perspectiva de los abogados de la defensa pública sede la Esperanza – Trujillo. 2025.
En otro estudio “Agresión contra la mujer y feminicidio según la percepción de operadores en la región Moquegua 2023”. Se determinó que hay concordancia positiva entre agresión contra de la mujer y el feminicidio según la percepción de los operadores del derecho en la región Moquegua 2023, se concluye que: al identificar las manifestaciones de violencia familiar en el Distrito Judicial del Callao, se determinó que es alta, y se dan los cuatro casos de violencia: Física, Psicológica, y Sexual (Mamani, Yonatan, Medina, & Luis, 2024).
Otro estudio de La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Ciencias Médicas, Maestría en Salud sexual y reproductiva publicó un “Diseño y gestión de estrategias para contribuir a la disminución de la violencia intrafamiliar e incrementar acceso a servicios de ser en las mujeres de 15 a 49 años de la ciudad de Managua 2020-2023” (Sevilla, 2020), en este trabajo monográfico señala que El departamento de Managua es la capital de Nicaragua compuesta por una población aproximada de 1, 496,738 habitantes. Es el departamento con mayor concentración de población representando el 24% de la población del país. (Población por sexo, grupos de edades y edades simples, 2017) Managua tiene una población de 775,365 mujeres de las cuales 430,181 están entre las edades de 15 a 49 años y de esas 359,310 son de zonas urbanas, mujeres en las cuales el proyecto puede tener algún impacto en sus vidas (Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE, 2017).
Hablar de Violencia intrafamiliar y sus consecuencias es muy amplio, sin embargo, una de sus definiciones la describe como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (La Organización Mundial de la Salud, 1996 citado por Sarabia, 2018). Así que podemos decir que esta intrínsecamente ligada a la Salud Sexual que se define como “Un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad”.
Existen además sistemas de registros institucionales, como el de la Dirección de la Comisaría de la Mujer y la Niñez. El Ministerio de Salud (MINSA) cuenta con varios sistemas de registros: el Sistema de Vigilancia de Lesiones en 8 Hospitales; 3 Observatorios Municipales de Prevención de la Violencia; además con el Sistema de Información Estadística que registra en las unidades de salud la violencia física y psicológica (Policía Nacional, Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez, 2008). Durante el año 2007, a través de la donación de Finlandia se logró que se desarrollara el proyecto Incidencias para el acceso a la justicia en situaciones de violencia basada en género que su objetivo era de contribuir a mejorar la actuación de los funcionarios judiciales en el abordaje de la violencia basada en género desde los diferentes territorios donde estamos ubicados los Centros de mujeres IXCHEN (Centro de Mujeres IXCHEN, 2020)
En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing (China), en septiembre de 1995, (Mujeres de Beijing, 1999) reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que las mujeres disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
En Nicaragua, la Ley 779 establece un marco legal para la protección de las mujeres, reconociendo diversas formas de violencia:
- Violencia física: agresiones corporales que causan daño o sufrimiento.
- Violencia psicológica: humillaciones, amenazas, manipulación emocional.
- Violencia sexual: coerción, violación conyugal, acoso.
- Violencia económica: control del dinero, privación de recursos, dependencia forzada.
- Violencia patrimonial: destrucción o apropiación de bienes.
Estas formas de violencia no actúan de manera aislada; suelen coexistir y reforzarse mutuamente, generando un entorno de vulnerabilidad que limita la autonomía de las mujeres (Asamblea Nacional, 2024).
2. Metodología investigativa
La presente investigación corresponda al área de las Ciencias Sociales, específicamente en la línea de investigación denominada Procesos psicológicos en la conducta del ser humano y en la sublínea Inteligencia emocional y teoría de la psicología, orientada al estudio de las emociones, conductas, motivaciones y experiencias humanas en diversos contextos sociales.
El estudio se sustentó en el paradigma interpretativo, debido a que permitió comprender el fenómeno del acceso a la justicia desde las experiencias, percepciones y significados construidos por las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo, se adoptó un enfoque cualitativo, el cual facilitó la exploración de las realidades sociales en su contexto natural y la comprensión profunda de las situaciones vividas por las participantes.
En cuanto al nivel de profundidad, la investigación fue de tipo explicativa, ya que buscó identificar y comprender las causas, condiciones y factores que incidieron en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La temporalidad fue transversal, debido a que la información se recopiló en un único momento durante el período de estudio, permitiendo analizar la situación existente sin realizar seguimiento posterior. Se empleó el método inductivo, partiendo de las experiencias particulares de las participantes para construir interpretaciones generales sobre la problemática investigada.
La población estuvo conformada por 100 mujeres residentes en el barrio Francisco Matamoros, ubicado en la comunidad La Esperanza, municipio de El Rama, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), que habían experimentado situaciones de violencia intrafamiliar. De esta población, se seleccionó una muestra correspondiente al 25%, equivalente a 25 mujeres, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo integrada por aquellas participantes que se encontraban disponibles y aceptaron colaborar voluntariamente en el estudio. Esta selección se justificó por la naturaleza sensible de la temática investigada, así como por las limitaciones de acceso a la población y las restricciones de tiempo y recursos disponibles para el desarrollo de la investigación.
Para la recolección de la información se utilizó la entrevista semiestructurada, técnica que permitió obtener información directa sobre las experiencias, percepciones y valoraciones de las participantes respecto al acceso a la justicia y los mecanismos de atención institucional. Posteriormente, la información recopilada fue organizada, categorizada e interpretada mediante un análisis cualitativo de contenido, lo que facilitó la identificación de patrones, significados y elementos relevantes vinculados con las barreras sociales, culturales, legales e institucionales que afectan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
3. Resultados y discusión
Los resultados obtenidos a través de las entrevistas semiestructuradas permitieron identificar diversas barreras sociales, culturales, legales e institucionales que limitan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el barrio Francisco Matamoros de la comunidad La Esperanza. Asimismo, se evidenciaron fortalezas y debilidades en los mecanismos institucionales y comunitarios de atención y protección.
Uno de los principales hallazgos estuvo relacionado con la influencia de las creencias culturales y religiosas en la decisión de denunciar situaciones de violencia. Las participantes manifestaron que desde el entorno familiar y religioso se promueven ideas asociadas al sacrificio y la permanencia en el matrimonio, aun en contextos de violencia. Estos resultados sugieren que los patrones socioculturales tradicionales continúan condicionando el comportamiento de las mujeres y limitando la búsqueda oportuna de ayuda legal. Dicho hallazgo coincide con diversos estudios sobre violencia de género que señalan que las normas culturales pueden contribuir a la normalización de la violencia y al mantenimiento de relaciones abusivas.
De igual manera, se identificó que el entorno social influye significativamente en la decisión de acudir a las autoridades. El temor a represalias por parte del agresor, la falta de apoyo comunitario y la limitada presencia policial en la localidad generan sentimientos de inseguridad y desprotección. Estos resultados evidencian que el acceso a la justicia no depende únicamente de la existencia de leyes o instituciones, sino también de las condiciones sociales y territoriales en las que viven las víctimas.
En relación con las barreras legales e institucionales, las entrevistadas señalaron dificultades asociadas al desconocimiento de los procedimientos jurídicos, la complejidad de los trámites y la percepción de impunidad frente a los agresores. Asimismo, algunas mujeres manifestaron haber experimentado situaciones de discriminación vinculadas a su origen rural y condición social. Estos hallazgos reflejan la existencia de obstáculos que pueden afectar la confianza de las víctimas en el sistema de justicia y reducir la disposición a denunciar hechos de violencia.
Respecto a los mecanismos institucionales de atención, las participantes reconocieron la intervención de la Policía Nacional, la Comisaría de la Mujer, el sistema de salud y las instancias judiciales. Las entrevistadas valoraron positivamente la orientación recibida sobre sus derechos, el acceso a atención psicológica y el acompañamiento brindado durante el proceso de denuncia. Asimismo, se evidenció coordinación entre las diferentes instituciones involucradas, especialmente en la remisión de casos y la realización de valoraciones forenses. Estos resultados demuestran la existencia de esfuerzos institucionales orientados a garantizar una atención integral a las víctimas.
No obstante, también se identificaron limitaciones relacionadas con la demora de algunos procedimientos, la falta de información clara sobre determinadas etapas del proceso y la insuficiencia de seguimiento posterior a la denuncia. Desde una perspectiva teórica, estos hallazgos permiten comprender que el acceso a la justicia implica no solo la recepción de una denuncia, sino también la existencia de mecanismos efectivos de protección, acompañamiento y restitución de derechos.
En cuanto a la percepción sobre la eficacia institucional, la mayoría de las participantes manifestó haber recibido un trato respetuoso y humano por parte de las autoridades. Las mujeres señalaron que fueron escuchadas, comprendidas y apoyadas durante sus procesos, lo que contribuyó a fortalecer la confianza en las instituciones. Sin embargo, también expresaron preocupación por la ausencia de una unidad policial permanente en la comunidad, situación que obliga a desplazarse hacia la ciudad de El Rama para gestionar denuncias o solicitar protección.
Finalmente, las entrevistadas propusieron diversas acciones para fortalecer el acceso a la justicia y la protección integral de las mujeres víctimas de violencia. Entre las principales recomendaciones destacaron la instalación de una unidad policial en la comunidad, el fortalecimiento del seguimiento institucional, la disponibilidad de atención psicológica gratuita, la asesoría legal accesible y la promoción de oportunidades de capacitación laboral para reducir la dependencia económica. Asimismo, resaltaron la importancia de involucrar a líderes comunitarios, iglesias y centros educativos en procesos preventivos y de sensibilización.
En conjunto, los resultados evidenciaron que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar continúa enfrentando importantes desafíos asociados a factores socioculturales, institucionales y territoriales. Estos hallazgos confirman la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, protección y acompañamiento desde una perspectiva integral, que garantice respuestas más accesibles, oportunas y sensibles a las realidades de las mujeres que habitan en contextos rurales.
4. Conclusiones
La presente investigación, desarrollada en el Barrio Francisco Matamoros de la comunidad La Esperanza, jurisdicción de El Rama, RACCS, durante el período julio–septiembre de 2025, permitió identificar que el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar se encuentra condicionado por múltiples factores estructurales, socioculturales e institucionales que obstaculizan su ejercicio pleno.
A pesar de la existencia de un marco jurídico nacional e internacional que reconoce los derechos de las mujeres y establece mecanismos de protección, se evidencian limitaciones significativas en su implementación local. Entre los principales hallazgos destacan: la persistencia de patrones culturales que normalizan la violencia, la escasa sensibilización comunitaria sobre los derechos de las víctimas, la débil articulación interinstitucional, y la insuficiencia de recursos humanos y materiales en las instancias encargadas de brindar atención y acompañamiento.
Asimismo, se constató que muchas mujeres enfrentan procesos de Revictimización al intentar acceder a la justicia, lo que genera desconfianza, temor y resignación frente a los mecanismos formales de denuncia. Esta situación revela una brecha entre el diseño normativo y su aplicación efectiva en contextos rurales y empobrecidos.
En consecuencia, se concluye que garantizar el acceso efectivo a la justicia para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en territorios como el estudiado requiere una intervención integral que combine el fortalecimiento institucional con procesos de educación jurídica comunitaria, también que se desarrolle un centro de concejero espiritual con enfoque cristianos (iglesias), formación especializada en enfoque de género para operadores de justicia, y el desarrollo de redes locales de apoyo psicosocial. Solo mediante un enfoque territorial, empático y transformador será posible avanzar hacia una justicia que no solo sancione, sino que también repare, dignifique y prevenga.
No obviando que para garantizar estos derechos debe de aplicarse muros de protección que protejan a las víctimas de violencia, según nuestro estudio realizado es necesario y fundamental un centro de atención policial ya que en este barrio y en la comunidad, propiamente dicho se necesita una unidad policial la cual no hay y por esta razón las victimas guardan silencio sobre el maltrato vivido por lo cual es necesario que se tomen en cuenta estas voces que claman protección por sus vidas. La presente investigación, desarrollada en el barrio Francisco Matamoros de la comunidad La Esperanza, jurisdicción de El Rama, RACCS, durante el período julio-septiembre de 2025, permitió evaluar el acceso a la justicia formal e institucional de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Los resultados evidenciaron que dicho acceso se encuentra limitado por diversos factores estructurales, socioculturales e institucionales que dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos.
A pesar de la existencia de un marco jurídico nacional e internacional orientado a la protección de las mujeres frente a la violencia, persisten obstáculos que restringen el acceso oportuno y efectivo a los mecanismos de justicia. Entre los principales hallazgos destacan la normalización de la violencia en determinados contextos socioculturales, el desconocimiento de los derechos por parte de algunas víctimas, la insuficiente coordinación entre las instituciones competentes y las limitaciones de recursos humanos y materiales para brindar atención adecuada.
Asimismo, se identificó que muchas mujeres experimentan situaciones de re victimización durante los procesos de denuncia y atención institucional, lo que genera desconfianza hacia las autoridades y disminuye la utilización de los mecanismos formales de protección. Esta situación evidencia una brecha significativa entre las garantías establecidas en la normativa vigente y su aplicación efectiva en contextos rurales y de alta vulnerabilidad social.
En consecuencia, se concluye que el acceso a la justicia formal e institucional para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el área de estudio continúa enfrentando importantes desafíos. Por ello, resulta necesario fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de la atención y protección de las víctimas, mejorar la coordinación interinstitucional, ampliar las acciones de educación jurídica comunitaria y garantizar la aplicación efectiva de medidas de protección. De igual manera, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de acercar los servicios de seguridad y justicia a la comunidad, considerando la importancia de contar con una mayor presencia institucional que facilite la denuncia, la protección oportuna y el acompañamiento integral de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar.
5. Referencias bibliográficas
Asamblea Nacional. (2024) Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres. Managua: Legislación de Nicaragua,Normas Jurídicas.
Centro de Mujeres IXCHEN. (2020) Incidencias para el acceso a la justicia en situaciones de violencia basada en género. Managua.
Mamani, R., Yonatan, F., Medina, L., & Luis, J. (2024) Agresión contra la mujer y feminicidio según la percepción de operadores en la región Moquegua 2023. ALICIA.
Mujeres de Beijing. (septiembre de 1999) Conferencia Munndial sobre mujeres. Beijing.
Organización de los Estados Americanos. (20 de 01 de 2007). Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obtenido de https://cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm
Organización Mundial de la Salud. (2021) Violencia contra la mujer. Ginebra: OMS.
Policía Nacional, Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez. (2008) Diagnóstico dce la violencia Intrafamiliar y sexual en Nicaragua. Managua: Policía Nacional- Nicaragua.
Sarabia, S. (2018) Violencia: una prioridad de la salud pública. https://www.redalyc.org/journal/3720/372058061001/html/?
Sevilla, A. P. (2020) Diseño y gestión de estrategias para contribuir a la disminución de la violencia intrafamiliar e incrementar acceso a servicios de SSR en las mujeres de 15 a 49 años de la ciudad deManagua 2020-2023”. Managua: UNAN MANAGUA.
Urbina, L. A. (2025) Caracterízación de la violencia física familiar y el feminicidio; desde la perspectiva de los abogados de la defensa pública sede La Esperanza – Trujillo. 2025. Chimbote – Perú: ULADECH CATÓLICA.